Nuestro ordenamiento jurídico no goza de la mejor sistemática y, en algunos aspectos, resulta confuso o hasta contradictorio. Por ejemplo, frente a la Constitución Española –repasar los Arts. 6, 23 y 66 y siguientes- se planta la LOREG que obliga a votar las listas cerradas que previamente elaboran los partidos tanto en las elecciones al Congreso –no para el Senado- como en los restantes comicios autonómicos y municipales.
Por eso, aunque hablamos de que «las Cortes Generales representan al pueblo español» y de que «los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo«, cuando un elegido bajo las siglas de un partido lo abandona y se convierte en «tránsfuga», se produce un rechazo político y social por considerarlo un fraude a un sistema donde no se eligen a los representantes de los ciudadanos sino de los partidos políticos que son los únicos que, en puridad, concurren a las elecciones.
Ábalos nos muestra la falsedad de un sistema corrupto
Este sindiós jurídico obligó, hace ya tiempo, a pronunciarse al Tribunal Constitucional (TC) que interpretando el 23.1 CE (“los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”) declaró que esos “representantes dan efectividad al derecho de los ciudadanos a participar -y no ninguna organización como el partido político- y que la permanencia de los representantes depende de la voluntad de los electores que la expresan a través de elecciones periódicas”, por lo que tuvo que concluir que la propiedad del escaño pertenece al representante elegido por el pueblo.
El lío aumenta cuando a esos falsos representantes se les asocia un supuesto «mandato libre«, siguiendo el 67.2 CE que reza que “los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”. Sin embargo, todo esto choca frontalmente con el sistema realmente aplicado donde, como todos sabemos, esos partidos ejercen su «disciplina» sobre los elegidos bajo sus siglas. Esta absoluta falta de representación es la clave de bóveda de un sistema corrupto y antidemocrático que pervierte todo lo que toca y que además viene doblemente desdibujado por ese sistema proporcional de asignar los escaños que altera absolutamente el peso de cada voto. Y así seguimos… ¡desde el 39!
Si fuera cierto lo que declara tanto la Constitución como el TC, la marcha de Ábalos al Grupo Mixto no habría suscitado ningún escándalo. Sin embargo, tanto los votantes como sus compañeros de filas en el partido han criticado la estafa que supone tal maniobra, sentimiento que resulta lógico cuando tenemos en cuenta cómo suceden las cosas en realidad. Y es que todos votamos a un partido.
Así, Ábalos nos muestra en bandeja de plata la falsedad de la representación en un sistema que no respeta el 1.2 CE, porque la soberanía nacional no reside en el pueblo español, sino en los partidos, de los que emanan todos los poderes del Estado, ni tampoco el 1.1 CE, porque todos esos poderes además conviven sin ningún tipo de separación real, lo que hace que, por definición, nadie sensato pueda decir que en España tenemos un auténtico Estado Democrático de Derecho. Nadie.
Un transfugismo que los partidos han terminado por normalizar
No se trata, entonces, de acabar solo con el transfuguismo que los propios partidos han terminado por normalizar –para ellos lo importante es que el tiovivo de la PPSOE siga girando- sino de ponerle punto y final a este falso sistema que destapa ahora el comportamiento de Ábalos y que enmascara –nunca mejor dicho- un franquismo 2.0 creado por la PPSOE en su propio y exclusivo beneficio. De ahí, luego, todo lo demás.
Se trata, por el contrario, de poner los puntos sobre las íes en estas tribunas enteramente libres de IT MAGAZINE para que la opinión pública reflexioné y podamos avanzar, juntos, hacia otro sistema auténticamente democrático. Enfrente siempre vamos a tener a esa PPSOE –ese contubernio entre los principales partidos que es el único modelo que puede explicar lo que está pasando en España- que, desde luego, no piensa hacerse el harakiri como lo hicieran las Cortes Franquistas, porque ellos se lo están llevando calentito a otro nivel. Algo posible porque controlan casi todos los resortes del poder a través de los miles de comisarios políticos colocados en todas las instituciones.
Ese latrocinio de las mascarillas, esos rescates de los amiguetes y ese todo lo que se tercie en cuanto la ocasión se presenta propicia, ha tenido muchos nombres –ahora el «Caso Ábalos«- pero, en definitiva, es el «Caso PPSOE«. Nadie que no tenga previamente cubiertas las espaldas por el otro gran partido nacional se atrevería a hacer tales cosas, ni en lo económico ni en lo político. Este es el montaje de la PPSOE y aquellas sus consecuencias. Reflexiónenlo.