El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pasará a la historia de la infamia en la Fiscalía española al tener que sentarse en el banquillo por revelación de secretos. Quien debería velar por la legalidad y la persecución de los delitos se sentará en el banquillo de los acusados para ser juzgado sin haber abandonado su puesto. Pero que nadie dude de que el fiscal general va a tener un juicio justo con todas las garantías en el que podrá defenderse sin cortapisa alguna.
El Gobierno y sus secuaces no dejan de hablar de juicio político y acusan a los jueces que investigan a todo el entorno de confianza de Pedro Sánchez de estar haciendo política favorable a los intereses de la extrema derecha. Pero que nadie dude de que el fiscal general va a tener un juicio justo.
La Sala la preside Andrés Martínez Arrieta, jurista de prestigio que no acepta presiones
Álvaro García Ortiz sabe que va a tener un juicio justo en el Tribunal Supremo. La Sala que le va a juzgar estará compuesta por siete magistrados, cuatro hombres y tres mujeres, que no van a hacer política, sino a administrar justicia. El presidente será Andrés Martínez Arrieta, que estará acompañado de Manuel Marchena, Antonio del Moral, Susana Polo, Ana Ferrer, Carmen Lamela y Juan Ramón Berdugo.
La Sala la preside Andrés Martínez Arrieta, número 1 en el escalafón de la carrera judicial, en el Supremo desde 1998. Al que accedió con los votos de 13 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial que le eligieron. Como instructor destacó en la investigación de la mafia policial que hizo desaparecer a Santiago Corella, “El Nani”, en la que sorteó infinidad de presiones para no procesar a numerosos funcionarios policiales culpables de delitos gravísimos que después de la instrucción de Arrieta fueron condenados a prisión.
Además formarán la Sala Marchena, del Moral, Polo, Ferrer, Lamela y Berdugo
Martínez Arrieta formó parte del primer CGPJ de la historia en representación de los jueces y abandonó el Consejo en 1983, antes de terminar su mandato, debido a su ascenso a la categoría de magistrado.
Es un magistrado muy respetado en la carrera y quienes le tratan me dicen que huye de los bloques ideológicos en los que se incluye a los jueces, “progresistas” y “conservadores”. Porque siempre defiende que la ideología de un juez no puede influir en la aplicación de la legalidad vigente. El diario El País escribió de él que “unos le definen como conservador moderado y otros como moderado progresista”.
El resto de la Sala la conforman los magistrados Manuel Marchena, Antonio del Moral, Susana Polo, Ana Ferrer, Carmen Lamela y Juan Ramón Berdugo.
Marchena, al que el Gobierno acusa de ultraderechista, archivó más de 50 querellas contra Sánchez y Bolaños
Manuel Marchena, a quien desde la izquierda se señala como juez conservador, es uno de los magistrados de más prestigio de España. Mientras desde el Gobierno y sus socios se le ha acusado de hacer lawfare y dictar resoluciones políticas cuando presidió la Sala Segunda. Los datos acreditan que Marchena fue al artífice como presidente de que el Supremo archivara más de 50 querellas contra Pedro Sánchez y Félix Bolaños. Al entender que no había base jurídica en ellas para instruir contra el presidente y el ministro.
Este dato acredita que no es un activista político sino un jurista que actúa con absoluta independencia y que no acepta presiones de ningún tipo.
Nadie que conozca a Marchena puede decir que actúe por motivaciones ideológicas y no por criterios jurídicos
Era presidente de la Sala Penal del Supremo cuando se abrió la causa contra García Ortiz. Pero dio un paso al lado al acabar su segundo mandato, el máximo permitido.
El PP le propuso en 2013 para presidir el CGPJ, pero el PSOE no lo aceptó. Cinco años después el PSOE sí estaba dispuesto a aceptarlo. Pero Marchena renunció al cargo al difundirse un WhatsApp de Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado, en el que presumía de que con su nombramiento “seguiremos controlando por detrás la Sala Segunda”.
Conozco a Manuel Marchena, y es de los juristas más brillantes que he tenido delante en mi vida, además de un hombre cabal y honorable. He leído sentencias firmadas por él que no me han gustado. Pero nadie que conozca a Marchena y su carrera puede decir que actúe por motivaciones ideológicas y no por criterios jurídicos.
Hará uso de su ascendencia entre sus colegas para buscar una sentencia por unanimidad o con mayoría clara
Sabiendo el modo de trabajar de Marchena, hará uso de su auctoritas para intentar por todos los medios que el fallo sea respaldado por todos los miembros de la Sala. O al menos por una mayoría clara, consciente de que sigue teniendo enorme ascendencia sobre sus colegas por su trayectoria profesional impecable.
Juan Ramón Berdugo es un especialista en Derecho Penal y durante su carrera ha participado en planes de formación de jueces y magistrados. Forma parte de la Asociación Profesional de la Magistratura, de carácter conservador. Quienes le han tratado a fondo desde que salió de la Universidad de Valladolid le señalan como un juez muy solvente que tampoco se deja presionar por nadie. Formó parte de la Sala que llevó el juicio del golpe en Cataluña, en suyas sesiones se le veía siempre sentado a la izquierda de Marchena, que presidía.
Carmen Lamela y Ana Ferrer forman parte del denominado “sector progresista” de la judicatura
Carmen Lamela forma parte del autodenominado sector “progresista” de la judicatura. Ha sido instructora en la Audiencia Nacional. Y durante dos años fue asesora de la Unidad de Apoyo de la Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Ana Ferrer es magistrada del Supremo desde 2014 y forma parte destacada del bloque de magistrados “progresistas”. Fue candidata a presidir la Sala Segunda y contaba con el apoyo del Gobierno. Pero finalmente retiró su candidatura para evitar un bloqueo tras recibir el veto de los vocales propuestos por el PP.
Es la primera mujer que llega a magistrada en la Sala Segunda. Presidió la Audiencia Provincial de Madrid y es vocal permanente de la Sección de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación. Histórica de la asociación Juezas y jueces para la democracia. Su nombre ha salido muchas veces en las quinielas para formar parte del CGPJ a propuesta de los partidos de izquierda.
Susana Polo, también “progresista”, fue ponente de la apertura de la causa contra el fiscal general García Ortiz
Susana Polo está considerada como una magistrada claramente “progresista” y fue la ponente de la resolución que abrió la causa penal contra García Ortiz. Llegó al Supremo en 2018, formó parte de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es especialista en violencia de género y es la coordinadora nacional de las actividades de especialización en violencia de género de los jueces que obtienen plaza en Juzgados y Salas especializadas en la materia. También se la considera especialista en mediación penal, derecho de familia y juicios con jurado.
Junto a Ana Ferrer firmó un duro voto particular contra la sentencia que condenó por malversación al ex presidente andaluz José Antonio Griñán por el fraude de los ERE.
El fiscal general y el Gobierno saben que el juicio no va a ser político, sino jurídico
Antonio del Moral llegó al Supremo en 2012 por el turno correspondiente a juristas de reconocida competencia. Fiscal de carrera, trabajó en el Gabinete Técnico de la Fiscalía General del Estado y en el Supremo. Es autor de muchas publicaciones sobre asuntos penales y formó parte por designación del Gobierno de la comisión de expertos encargada de elaborar un borrador de texto articulado de nuevo Código Penal en 2012 y 2013. Está considerado como uno de los miembros de la Sala con mayor calidad de técnica jurídica. Fue el único magistrado de la Sala que participó en junio del paro convocado por jueces y fiscales en la puerta del Supremo contra las reformas legales del Gobierno.
En fin, que el fiscal general del Estado y el Gobierno tienen constancia de que el juicio no va a ser político, sino jurídico, por más que Sánchez y Bolaños se empeñen a acusar de ultraderechista a cualquier juez que ose investigar casos que afecten a Sánchez y su entorno
