El delito de stalking, conocido también como acoso reiterado, es una conducta que en los últimos años ha ganado relevancia en España tanto en el ámbito jurídico como en el social. Este tipo de acoso se caracteriza por la persecución, vigilancia y hostigamiento persistente hacia una persona, con el fin de causar temor, angustia o afectar gravemente a su vida cotidiana. Lo que define este comportamiento es la persistencia, la intrusión no deseada y el impacto psicológico devastador en la víctima. Con el auge de las tecnologías digitales, el stalking ha evolucionado, extendiéndose a ámbitos como las redes sociales, donde la privacidad es más difícil de proteger.
Stalking: acoso constante y obsesivo
Puede manifestarse de diferentes maneras, como los seguimientos físicos. Aquí el acosador sigue a la víctima de manera constante, ya sea a su hogar, trabajo o cualquier otro lugar. Esto crea un entorno de miedo constante y vulnerabilidad. Otra forma de manifestarse el stalking es mediante el acoso telefónico. Es decir, llamadas telefónicas repetidas y constantes. A menudo con contenido amenazante o perturbador, que pueden llegar a cualquier hora del día, interrumpiendo la vida cotidiana de la víctima.
O a través de envíos de regalos no deseados, donde el acosador puede enviar flores, cartas o regalos a la víctima. Esto es en realidad una forma de mantener el control y el contacto no deseado. Y por último, no debemos olvidar el ciberstalking. Es decir, el uso de las tecnologías digitales para acosar a la víctima. Esto incluye la vigilancia de perfiles en redes sociales, el envío de mensajes intimidatorios a través de plataformas en línea, o incluso la instalación de software espía para monitorear las actividades de la víctima en su ordenador o teléfono móvil.
El acoso reiterado como delito
El stalking fue reconocido como delito en España en el año 2015, cuando se introdujo en el Código Penal mediante la reforma de la Ley Orgánica 1/2015. Este cambio fue un paso importante para proteger a las víctimas de acoso, equiparando la legislación española con las de otros países europeos que ya contaban con leyes específicas contra el stalking.
El artículo 172 ter del Código Penal español tipifica el acoso reiterado como delito, sancionando a aquellos que lleven a cabo de forma insistente y reiteradas conductas que atenten gravemente contra la libertad o el sentimiento de seguridad de una persona. Para que se considere delito, no es necesario que las conductas acosen físicamente a la víctima, sino que basta con que la víctima sienta una intimidación que le impida llevar una vida normal.
En cuanto a las penas pueden variar. Por lo general, se imponen penas de prisión de tres meses a dos años o multas de seis a veinticuatro meses, dependiendo de la gravedad del acoso y sus consecuencias. Si el acosador es cónyuge o ex cónyuge de la víctima, o si se comete el delito contra una persona especialmente vulnerable, las penas pueden incrementarse.
Ansiedad, miedo y estrés sufren las víctimas
El stalking tiene un impacto significativo en las víctimas, tanto en términos psicológicos como sociales. Las personas que son acosadas suelen experimentar altos niveles de ansiedad, miedo y estrés. El acoso constante puede llevar a la víctima a cambiar su rutina diaria, aislarse socialmente, e incluso abandonar su trabajo o lugar de residencia. Además, el temor a ser acosada limita la libertad de la víctima, afectando su calidad de vida de manera drástica.
En cuanto a los recursos disponibles de apoyo a las víctimas, en España, además de las penas de prisión y las multas, el sistema legal ofrece otras formas de protección a las víctimas de stalking. Una de las medidas más comunes es la orden de alejamiento. Prohíbe al acosador acercarse a la víctima o comunicarse con ella por cualquier medio. En casos donde el acosador viole esta orden, puede enfrentarse a sanciones adicionales. Organizaciones como la Fundación ANAR, ofrece ayuda a jóvenes en situación de riesgo. También la Fundación Mujeres, brinda apoyo a mujeres víctimas de violencia, incluyen entre sus servicios asistencia legal, psicológica y social para quienes sufren acoso.
El delito de stalking puede acabar con la vida de las personas
Vanessa Ferrer, una joven de 15 años de la localidad de Elda, en Alicante, fue víctima de un acoso persistente por parte de Miguel Ángel López. Un hombre que tenía antecedentes por violencia de género. López había conocido a Vanessa a través de su madre, quien trabajaba en la casa de él como empleada doméstica. Tras conocer a la joven, comenzó a obsesionarse con ella.
El acosador comenzó a acosar a Vanessa mediante mensajes constantes y llamadas telefónicas. Aunque Vanessa intentó distanciarse, López la seguía e insistía en mantener contacto. A pesar de las denuncias interpuestas por Vanessa y su familia, la situación no mejoró. La policía llegó a investigar las denuncias, pero López continuaba libre y sin restricciones efectivas que impidieran su acercamiento a la joven. Sin embargo, este acoso llegó a un nivel más trágico. López secuestró a Vanessa mientras se dirigía a su instituto y la llevó a un descampado, donde la golpeó brutalmente. Luego, la dejó abandonada en un pozo. Vanessa fue encontrada con vida, pero murió horas después debido a la gravedad de las heridas.
El caso de Vanessa Ferrer impactó profundamente a la sociedad española. Además puso de manifiesto la necesidad urgente de mejorar las medidas legales y preventivas para proteger a las víctimas de stalking. Miguel Ángel López fue detenido y condenado por asesinato, pero el caso evidenció las fallas en la protección y en la respuesta del sistema judicial ante las señales de acoso persistente que había manifestado Vanessa.
