Lo del espionaje de “Pegasus” a los secesionistas catalanes, como dice mi admirado Ángel Antonio Herrera, es como si te sigue Villarejo pero en virtual, y con nombre de camión que te arrolla sin que te enteres. Pero conocido el fondo del asunto es una patética operación propagandística del secesionismo que les ha salido “full”. Cualquier estado investiga a unos tipos que han preparado un golpe de estado abiertamente, como quedó acreditado además de por los hechos, por los documentos generados por la ANC. Se explicaba al detalle cómo se iban a tomar las infraestructuras esenciales y otros clásicos de cualquier golpe duro o blando.
Lo gordo ahora es que el Gobierno denuncia que en un “ataque externo e ilícito” los teléfonos del presidente Pedro Sánchez y la ministra de Defensa Margarita Robles, también fueron intervenidos con el malware “Pegasus”. O sea que aquí, como sabíamos casi todos, se espía a braga quitada que diría Umbral, desde dentro y desde fuera. Por cierto que en Cataluña los Mossos también pusieron la oreja en los teléfonos móviles de periodistas y políticos. Lo hicieron con un malware israelí denominado RCS 9 Galileo. Ello durante los Gobiernos de Artur Mas y el fugado Puigdemont.
Respecto al supuesto espionaje del CNI a independentistas catalanes, en el CNI me garantizan que todas las escuchas que les han realizado estaban autorizadas judicialmente. Aunque no me entregan documento alguno que pruebe su afirmación, “podemos acreditarlo documentalmente en sede judicial” me dicen. Como en España el servicio de información tiene antecedentes de cuando el PSOE de González organizaba bandas terroristas, es hablar de los espías y ponernos en guardia. Pero o se aportan pruebas o no vale. En este caso resulta que incluso el denunciante carece de papeles para sostener la acusación. Sí sabemos que más del 90 por ciento de las escuchas realizadas a esos dirigentes independentistas con Pegasus se llevaron a cabo bajo la presidencia de Pedro Sánchez, no durante la de Mariano Rajoy.
La clave de este caso no es si esas escuchas se produjeron o no, sino si fueron realizadas con la preceptiva autorización judicial, sin la cual el espionaje no es más que un delito. Espiar a quienes se proponen dar un golpe contra la Constitución de un país democrático parece sensato si se hace conforme a la legislación vigente.
«Pegasus»: ¿espionaje legal o ilegal?
Ya sabemos que el secesionismo se mueve muy bien en el terreno de la propaganda pero esta vez no le ha salido bien. Y es evidente que en la Comisión de Secretos Oficiales, a la que Sánchez ha incorporado a los secesionistas catalanes y vascos, va a seguir sin poderse hablar de secretos oficiales. No hay riesgo de que los partidos que quieren acabar con la Constitución accedan allí a información sensible porque no hay un solo responsable de los servicios de información que vaya a facilitar un dato trascendente en una sesión de una comisión en la que se sientan enemigos abiertos del Estado que ellos han de defender.
Es muy grave que el presidente del Gobierno, con tal de sacar adelante una votación, le haya dado cuartos al pregonero. Y con el apoyo de la presidenta del Congreso, le haya abierto las puertas del teórico control de los servicios de información del Estado a quienes tienen como propósito esencial liquidarlo.
Conozco bien el CNI, como conocí el CESID. Fui el primer denunciante en el Juzgado y en la prensa del entonces director del CESID, Emilio Alonso Manglano, que tuvo que dimitir por un escándalo de escuchas y que pretendió comprar mi silencio. Eso sí sin éxito, claro está. Que los servicios secretos españoles han cometido excesos e ilegalidades es un hecho. Aunque en su mayoría respetan la ley y actúan bajo el control de un juez especial. Pese a trabajar con menos medios que sus colegas de otros países, en el CNI hay funcionarios de mucho nivel que hacen un magnífico trabajo en defensa del Estado de Derecho.
Sánchez lanzada la campaña secesionista tras una denuncia trucha de un indepe, en vez de esperar a tener toda la información, se adelantó a cortejar a los secesionistas y envió a su fiel escudero Felix Bolaños a Barcelona a templar gaitas. Eso sí mientras tramitaba como proyecto de ley el decreto anticrisis con el apoyo de Bildu, a cambio de aún no sabemos qué. Lo sabremos en breve. Frente al acoso independentistas, Sánchez dejó sola a la ministra Margarita Robles, cuya cabeza desean los independentistas catalanes y vascos y los socios de Gobierno de Sánchez.
Y ahora resulta que un servicio extranjero, todo huele a Putin claro, le pinchó el móvil a Sánchez y Robles. El Gobierno anuncia denuncia en la Audiencia Nacional. Está bien lo de denunciarlo porque este tema solo puede y debe aclararse en sede judicial para que quien ha transgredido la ley, asuma sus consecuencias. Seguir polemizando en el escaparate parlamentario y mediático solo favorece a los independentistas, reyes profesionales del victimismo. Otra cosa es lo que la Audiencia Nacional pueda hacer con un “Pegasus” manejado desde otro país por otro servicio de información. Veremos.
Pere Aragonés, presidente de la Generalitat, podía ir contándonos por qué entre los planes de su jefe, el fugitivo Puigdemont, estaba montar un servicio secreto catalán. E incluso contarnos los espionajes efectuados por gobiernos catalanes a ciudadanos críticos con el proyecto indepe, que los ha habido, como es público y notorio. Y de paso que cuente cuánta pasta pagó por adquirir con dinero público el “RCS 9 Galileo” para espiar a adversarios políticos y a discrepantes.
Patética operación de propaganda de los catalanes espiados
Siempre he defendido la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ésta establece que nadie puede ser molestado, no dice perseguido o acosado, dice simplemente “molestado” por sus ideas o sus opiniones. Y espiar ilícitamente es mucho más que molestar. En fin, que los espías han espiado. A mí me parecería bien que en vez de darle cuartos al pregonero, iniciaran acciones judiciales como ha hecho el Gobierno con lo del presidente y la ministra de Defensa. Hasta la fecha no se ha acreditado que el espionaje a los golpistas catalanes haya sido ilegal.
Haberlo lo ha habido, eso seguro. Porque de lo contrario el CNI no habría cumplido con su obligación pero si lo hubiera hecho sin control judicial, sería inadmisible y delictivo. Ya hay antecedentes. Lo sé de primerísima mano porque fui uno de los espiados y el primer denunciante de condenas a responsables de los servicios de información.
Pero probablemente no va a haber denuncia porque estos catalanes supuestamente espiados lo que han montado es una patética operación de propaganda a partir de un texto sin las pruebas necesarias. Si les espiaron ilegalmente que paguen en un Juzgado los responsables. Si el CNI no les espió con amparo legal, no cumplió con su obligación. Campañas aparte, lo que importa es el respeto a la legalidad vigente.
Y de nuevo constatamos que aquí hay ”Pegasus” a tutiplén. Se espía sin control a adversarios, discrepantes y disidentes. Después del espionaje llega la amenaza, la extorsión y la persecución abierta. De eso saben mucho en el Gobierno de España y de Cataluña. Lo malo es que casi siempre las víctimas callan y no denuncian porque a los ropones también les espían. “Control de togas” lo llaman en el argot del gremio y cuando se controlan las togas se acaba la democracia. Porque los ropones toman partido y se acabó el Estado de Derecho.
Nosotros seguiremos denunciando los delitos de los que tengamos conocimiento, con “Pegasus” o sin “Pegasus”, en IT Magazine y en los Juzgados. Ellos espían a tutiplén pero a nosotros les prometo que no hay “Pegasus” que vaya a impedirnos cumplir con nuestra obligación como periodistas. Tenemos experiencia. Sabemos de que van. Y no nos van a amedrentar, aunque funcionen estos camiones ilegales que se lo llevan todo por delante. Menos a nosotros, se lo garantizo. La mafia de San Sebastián puede dar fe de ello.
