A medida que van pasando los meses se van descubriendo nuevos datos y nuevas informaciones sobre la situación de los menores de centros tutelados en la Comunidad Valenciana. Cada grueso de información delata una mala praxis más acentuada. Salen a la luz hechos y estados que todos desearíamos no hubieran pasado ni que los menores de estos centros hubieran vivido. Pero como diría aquél: “C’est la vie”. Y con esta realidad es con la que convivimos a diario. Es la realidad en la que debemos seguir enfocándonos para que no vuelva a repetirse.
El balance es claro. La Comunidad Valenciana activó en más de 175 ocasiones el protocolo por abusos a menores en centros tutelados desde 2015. Es decir, más de 170 menores de estos centros podrían haber sido víctimas de abusos. Y 4 de cada 100 de los que se encuentran bajo tutela. Pese al protocolo activado, de momento no hay responsables. En definitiva, existe un litigio por esta causa pero no responsables. Aunque sí varios imputados… De momento…
Sabemos que muchos de estos menores tutelados han sido medicados sin un consentimiento que hubiera autorizado esa medicación. Ni tan siquiera un diagnóstico que justificara la misma. Según atestigua el informe emitido por el Defensor del Pueblo, los diagnósticos más frecuentes detectados en los menores de estos centros eran trastornos de conducta, TDAH y trastorno disocial. Temas a los que se suele recurrir sin miramientos cuando se quiere diagnosticar de algo a un menor que no es capaz de expresarse como a los adultos nos gustaría.
Siguen las irregularidades en los centros de menores tutelados
El tema de la medicación no es la única irregularidad que se ha dado a conocer a través de un medio de comunicación recientemente. Pues al parecer muchos de estos menores habrían sobrepasado el tiempo de estancia máximo establecido para los centros de menores. Es decir, se han encontrado estancias superiores a los 77 meses en centros de la provincia de Valencia. O casos de otros menores que fueron reingresados en los mismos centros de los que salían con anterioridad.
Tras las investigaciones de estos casos, y según el informe emitido por el Defensor del Pueblo, la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas no habría informado de los estándares internacionales ni del control de calidad al que deben estar sujetos los centros de menores. Según informaron varios diarios regionales, el balance debería ser otro. Multitud de personas están siendo investigadas. Directoras territoriales, psicólogos, funcionarios encargados de la salvaguarda de información reservada y directores de centros de menores. Y aun sin conocerse qué es lo que ocurrió con los menores de la Comunidad Valenciana, aunque realmente se intuya, ya se percibe que la dejación de funciones fue en cadena.
Que hay más implicados de lo que queremos creer y que los 175 menores puede que incluso lleguen a ser más. Porque como ya ha ocurrido en otras zonas de España como Baleares o el País Vasco, cuando se habla de menores, de centros tutelados y de adolescentes conflictivos, todo vale para tapar las vergüenzas de un sistema que se está viendo que no funciona bien.
El tiempo pasa y las investigaciones prosiguen sin arrojar luz clara sobre lo que sucedió en realidad con los menores tutelados en la Comunidad Valenciana desde 2015. O quizá desde que se tiene consciencia de que las cosas no funcionan del todo bien. Porque cuando hay tanta gente implicada, tantos responsables de un centro de menores y tantos menores afectados, seguro es que hay mucho más de lo que se nos da a conocer.
Mucho más de lo que llegaremos a saber nunca. En parte porque no estamos en la piel de esos menores que lo sufrieron ni de las familias que les rodean. La paciencia y la confianza en que los procesos se desarrollen con una normalidad que llevan muchos años sin ver, nos aportarán las respuestas que no tenemos pero que queremos ver y deseamos conocer por el bien de todos esos menores afectados. Y para que no vuelva a ocurrir ni a taparse, en caso de que ocurra.
