Arranca el nuevo año judicial en la sede del Tribunal Supremo. Es la cuarta vez que se celebra sin haberse renovado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y ha cundido la denuncia del PSOE contra el PP de que la no renovación del CGPJ atenta contra la independencia de la Justicia. Y no es así, o no debiera ser así de ningún modo. La independencia de la Justicia reside en la capacidad de los jueces de ser honestos y honrados. La no renovación del CGPJ afecta al juego político de repartirse los sillones del Consejo como un botín entre los partidos. Sí, para poder influir en los nombramientos y controlar la posibilidad sancionadora.
Dicho esto, el PP desaprovechó mayorías absolutas para haber modificado el sistema de elección de los vocales del CGPJ. De modo que siguiendo el mandato constitucional y las recomendaciones de Europa, 8 de los vocales los elija el Congreso y 12 sean elegidos entre los jueces. El PSOE y sus socios de Podemos y Bildu quieren que todos sigan siendo elegidos por el Congreso. Porque para Pedro Sánchez y sus cuates los tribunales debieran ser un mero órgano administrativo. Ya que como ya sentenció hace años Alfonso Guerra: Montesquieu ha muerto. Y los tribunales deben ser instrumentos al servicio del único poder que reconocen, que es el suyo, el ejecutivo. Por eso quieren que los magistrados estén sujetos al mandato político.
Conservar la independencia de los vocales del CGPJ
Esa milonga de calificar a los vocales y a los propios jueces de “progresistas” o “conservadores” debiera de desaparecer del lenguaje público. El CGPJ no debe ser una réplica del Congreso como es ahora, porque todos los vocales no han sido elegidos por su cualificación profesional, que la tendrán también, sino por su lealtad y sumisión al partido que le elige. Considerar “progresistas” a las gentes de izquierda forma parte de esa superioridad moral establecida por la izquierda gobernante, bajo cuyos mandatos quienes han progresado son ellos. Y puestos a hablar de conservar pues sí, yo quiero conservar la independencia de los vocales del CGPJ para evitar que suceda lo que algunas consideran progresista. Es decir, que desde el CGPJ se nombren magistrados del Supremo o de los Tribunales Superiores autonómicos en función de los lazos ideológicos que unan al candidato con el partido que controla el Consejo.
El PP tiene ahora en el Consejo más magistrados que le son favorables. Es por eso que se niega a pactar la renovación sin que se modifique el sistema de elección. Los vocales podrían presentar su dimisión pero sus decisiones no las toman ellos sino los partidos que les eligen. Insisto en que el PP debiera haber modificado el procedimiento cuando tuvo mayoría absoluta en cumplimiento de su compromiso de hacerlo. Eso no le quita el derecho a reclamar esa reforma ahora, pero debilita su posición.
Y mientras tanto, la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado conocida como Lola, espera la resolución del Tribunal Supremo sobre los recursos interpuestos contra su nombramiento por el PP y Vox. Por considerar que su nombramiento no se ajustó a derecho porque su vinculación con el PSOE la incapacita para actuar de modo imparcial. Y la pareja de Lola, Baltasar Garzón, nos tiene en un vilo a la espera de ver si solicita su reincorporación a la carrera judicial. Se agarra Balta a un informe de un órgano extrajudicial de la ONU que carece de valor jurídico en España.
El delito cometido por Garzón por el que fue condenado en una causa llevada por el magistrado “progresista” Luciano Varela, es quizá el más grave que pueda cometer un juez: ordenar grabar conversaciones de presos con sus abogados. El argumento de defensa de Garzón, que la Policía y el fiscal le apoyaban, no le resta responsabilidad porque el juez era él. Y por mucho que la Policía y el fiscal te pidan que prevariques no debes ni puedes hacerlo.
Y a sus problemas jurídicos individuales, Balta y Lola suman uno que tienen conjuntamente y que se llama Villarejo. La relación de ambos con el excomisario queda demostrada en la conversación privada en la que con extrema confianza hablaban de que Fernando Grande Marlasca “es maricón” (Lola dixit). Y de un viaje de ilustres jueces y fiscales a Cartagena de Indias (Colombia). Viaje en el que Lola vio cómo algunos de los asistentes se iba con chicas menores de edad. Sus nombres también aparecen en una pieza separada del caso Tándem.
La cuarta, en la que el juez García Castellón investiga el supuesto pago de comisiones a Villarejo para que obstaculizara la extradición del empresario español Pérez Maura, acusado en Guatemala de corrupción por el pago de sobornos al presidente. El abogado Rafael Redondo declaró que tanto él como Villarejo habían intentado contratar los servicios del ex juez Garzón para que les ayudara a impedir la extradición. La aparición en el caso de Lola es menos clara. Se basa en que en aquella fecha era fiscal de la Audiencia Nacional y en las anotaciones de Villarejo aparecía como D2.
¿Baltasar y su reincorporación a la carrera judicial?
Parece legítimo pensar que Balta no va a solicitar su reincorporación a la carrera judicial, si tenemos en cuenta que actualmente el ex juez es dueño de un despacho de abogados: ILOCAT. Desde 2013 ha facturado 19,8 millones de euros. El despacho de Balta se ha destacado por asumir la defensa de causas controvertidas. Causas como la de Andrei Petrov acusado de blanqueo, cuyo jefe era un general ruso de la confianza de Vladimir Putin. También asumió la defensa de Hugo Carvajal, ex jefe de la inteligencia chavista, para quien elaboró un informe que pretendía evitar su extradición a los EE.UU. por el que le abonaron 1,8 millones de euros.
Balta lleva también la defensa de los comisarios Carlos de Salamanca y Eduardo García Castaño, alias El Gordo. Imputados en la causa Kitchen sobre el operativo montado para sustraer a Luis Bárcenas información comprometedora contra el PP. La amistad de Balta con “El Gordo” viene de largo. Era conocida desde que este comisario trabajaba en la lucha contra ETA casi siempre al borde de la ley. Balta fue incluso su padrino de boda. Ambos se relacionaban estrechamente con el excomisario Villarejo.
En el improbable caso de que Balta pidiera la reincorporación a la carrera judicial tendría que presentarse al primer concurso que saliera publicado. Y él sería el último en pedir plaza, por lo que terminaría en algún pueblo pequeño con un salario que no superara los 70.000 euros anuales. Nada que ver con las facturaciones millonarias de su despacho ILOCAT. Además, el ex juez prevaricador goza de enorme prestigio en todos los países bolivarianos de Sudamérica, en los que trabaja como asesor gubernamental, como el Ecuador de Correa o la Argentina de Kirchner. El ex-comisario Villarejo, en sus agendas, explica que utilizaba el nombre de jueces y fiscales amigos para subir sus emolumentos. El empresario Pérez Maura aseguró que le había pagado a Villarejo un millón de euros extra convencido de que contrataría a Garzón para evitar su extradición a Guatemala.
Esta semana hay enorme preocupación en ambientes judiciales por la advertencia de un consultor político que dice haber localizado en Cartagena de Indias a una de las menores que se fueron con jueces y fiscales españoles. Sí, aquellos a los que vio Lola sin denunciarles, para contarlo después en sus conversaciones con Villarejo. Conversación en la que además animaba al ex-comisario a montar un prostíbulo para obtener “información vaginal”, que ella consideraba “éxito garantizado”. El testimonio de esa chica puede poner patas arriba a jueces y fiscales de mucho renombre, según la lista de asistentes a ese viaje.
Pues eso, que con la renovación del CGPJ lo que está en juego es la independencia del órgano de gobierno de los jueces. Nos queda confiar en que los jueces son honrados y honestos y no se dejan manipular por nadie. Quizá sea muy cándido e inocente, pero quiero creerlo.
