LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y LA TECNOLOGÍA EN COLOMBIA

El interés por investigar este tema nace de la importancia actual y futura que tiene la tecnología en todos los ámbitos. En el sistema judicial de Colombia vemos el uso de manera forzada de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) como consecuencia de la pandemia. Debido a que es un tema que ya está regulado por las leyes procesales de las diferentes jurisdicciones en el derecho pero con muy poca practica. Por esto el gobierno nacional a raíz del estado de emergencia tuvo que crear un decreto regulando el uso de las TIC en el sistema judicial como modo de prevención al Covid-19. Fue el Decreto 806 de 2020 que reglamenta la tecnología los actos procesales, notificaciones, radicación de demandas, expedientes virtuales, términos, poderes, resoluciones en lo contencioso administrativo, sentencias y recursos.  

Haciendo una comparación con España. Este país sacó su Real Decreto-Ley 16/2020 de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. A raíz de este Decreto se quiso tutelar el derecho de la salud como modo de prevención al virus. También el derecho a la Administración de Justicia como parte esencial de un Estado Social de Derecho. Así como impulsar y desarrollar el uso de las tecnologías en sede de las salas de audiencias y demás actos procesales que anteriormente se hacia de modo presencial.

Este decreto consta de 3 capítulos con 28 artículos. El primer capitulo regula todo lo referente a lo procesal. Los términos que quedaron afectados por la crisis: notificaciones, audiencias, recursos, modificaciones en las cuotas de alimentos en el derecho de familia.

El segundo capitulo regula el derecho mercantil y de sociedades como medida de prevención de que las empresas no sean liquidadas. Y éstas puedan cumplir con sus obligaciones y suscribir contratos con el fin de evitar afectar a la economía. También que se mantengan empleos. Así como se dé flexibilidad de pago en las obligaciones con el objetivo de llegar a estados judiciales para pedir el cumplimiento de obligaciones.

El tercer capitulo regula todo lo referente al uso de la tecnología. Se trata de la celebración de todo acto procesal por medio de elementos tecnológicos disponibles por los servidores judiciales y las partes en un proceso. Con la excepción en la jurisdicción penal referente a los delitos graves que deben darse de forma presencial con los cuidados de bioseguridad que manda el ministerio de la salud. 

Un dato curioso es que a España y a sus legisladores solo les tomó seis meses en elevar el decreto ley que atiende la Administración de justicia con el uso de la tecnología. Lo que ahora es la Ley 3/2020 de 18 de septiembre. Como refuerzo a la seguridad jurídica en esta materia de pasar a ser un acto de la administración a ser una ley con carácter permanente y con más categoría en una jerarquía normativa. Esta ley reglamenta todo lo que lo que el decreto reguló como anotación.


Cuestionamientos sobre la Administración de Justicia

El decreto 806 de 2020 está a pocos meses de perder su vigencia y aún no es Ley. Esto nos hace ver lo atrasados que estamos en Colombia. Lo vago y corrupto que es el congreso de Colombia. En todo este tiempo ha dejado la regulación de esta problemática en un acto administrativo y que debe tener carácter de Ley por su importancia. Como investigador de un tema relativamente nuevo en Colombia, se tiene la intención de resolver los siguientes cuestionamientos que surgen del análisis del tema que es materia de estudio. Son los siguientes: 

  • ¿Cómo funcionan las TIC en nuestro sistema judicial?  A partir de la implementación del decreto 806 de 2020 se adoptaron medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales. Agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia en el marco del Estado de emergencia económica, social y ecológica. En el desarrollo de nuestra tesis se entrará en detalles sobre este tema y toda su estructura tecnológica usada en este caso.
  • ¿El decreto 806 de 2020 tiene que reformarse y ser Ley? Se tiene que reformar y elevarse a Ley. Además modificar todos los códigos procesales como un elemento obligatorio para el cumplimiento de las actuaciones procesales. Claro está con excepción para aquellas personas y actos que tengan impedimentos de ser llevados por medio de la virtualidad.
  • ¿Cuales son los riegos tecnológicos al aplicar este sistema? Como todo sistema tecnológico siempre tiende a tener riegos y éste no seria una excepción. Puede haber interferencias de terceros. El hurto de información digital que en este caso seria expedientes que no pueden ser revelados a la opinión pública. O también la seguridad informática de los servidores judiciales.
  • ¿Se puede implementar de manera permanente? La implementación de las TIC de forma permanente en nuestro sistema judicial sería lo ideal. Así tendríamos un sistema más eficiente, ágil y accesible.
  • ¿Acceso limitado a la justicia con la tecnología? Como se puede evidenciar la infraestructura de internet en el país es limitada. No todos los ciudadanos cuentan con internet de hogar o plan móvil. Además no todas las personas cuentan con conocimientos de como interponer demandas, denuncias y conectarse a audiencias y otros actos procesales en una pagina web o una aplicación. Así que con la implementación de las TIC de manera permanente debe ser opcional el uso de ellas para estas personas.
  • Beneficios en la Administración de justicia. Sus beneficios son muchos. Hay que destacar la agilidad con la que un proceso se lleva a cabo mediante la virtualidad con todos sus actos procesales. La economía procesal como parte de unos de los principios que mas favorece a las partes y a la administración de justicia en un proceso. El ahorro económico que ha experimentado la rama judicial y las partes de un proceso como por ejemplo no tener una infraestructura física. También la logística y el ahorro de exorbitantes sumas en papel que hacen daño al medio ambiente. Otro beneficio sería el cumplimiento del principio de publicidad que la población ha experimentado con el uso de las plataformas digitales y redes sociales. Esto ha dado a conocer las actuaciones judiciales en tiempo real.

Toda la comunidad científico-jurídica tiene el deber de aportar conocimiento a través de la doctrina referente a esta materia para que este avance pueda sostenerse en el tiempo. Y así mejorar y tener un sistema judicial a la altura de los retos de la globalización y los avances tecnológicos que harán que este sea un sistema de calidad y eficaz. De esta manera se cumplen todos los principios y derechos fundamentales en las actuaciones judiciales.


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