LA ACTIVIDAD MINERA EN COLOMBIA

La historia de la actividad minera de Colombia se ha visto manchada por la ilegalidad, con sus riesgos a los ecosistemas y a las personas. Esto nos hace cuestionar cómo se lleva a cabo la minería y si se puede proteger todo lo que ésta pueda afectar. A pesar de ser la actividad minera un pilar de desarrollo económico de un país, se puede ver obstaculizada por una herramienta jurídica constitucional que usan los municipios o comunidades. Hablamos de la consulta previa popular.

Una demostración de democracia participativa es la consulta popular. La Corte Constitucional en la sentencia C-180-94 lo define así: “Una determinada autoridad le solicita a la ciudadanía pronunciarse sobre un aspecto especifico, ya sea de orden nacional, regional o local”. Son aquellas atribuciones o responsabilidades que el poder central cede a los entes territoriales y locales. Los ciudadanos pueden manifestar la defensa jurídica sobre su territorio frente a cualquier afectación. Las autoridades competentes pueden activar los mecanismos de participación ciudadana.

Para hacer la consulta popular contamos con la Ley 134 de 1994. Se señala que cuando se pretenda realizar una consulta, el gobernador o alcalde deberá presentar el texto de la consulta. Junto con el texto deberá presentarse para su aprobación la justificación y el informe de la fecha de su realización a la Asamblea Departamental, Concejo Municipal o Junta Administradora Local. Las preguntas deben estar bien redactadas y ser entendibles para la ciudadanía. De esta manera, la ciudadanía puede contestar con un sí o un no.

Como ejemplo está el caso de la consulta popular en Arbeláez – Cundinamarca en el 2017. Se le consultó a la ciudadanía: ¿Está usted de acuerdo, Sí o No, con que en el municipio de Arbeláez – Cundinamarca se realicen actividades de exploración sísmica, explotación y lavado de materiales de hidrocarburos y/o minería a gran escala? Otro ejemplo de consulta popular tuvo lugar en Fusagasugá – Cundinamarca en el 2018. Se consultó a la ciudadanía: ¿Está usted de acuerdo, Sí o No, que en el municipio de Fusagasugá se realicen actividades de exploración, perforación y producción de hidrocarburos, fracking y minería a gran escala? Estas consultas buscan cuidar el medio ambiente de la minería y exploración y explotación de hidrocarburos. 

Llevando el tema de la consulta popular al ámbito internacional, en el año 2019 durante el actual nefasto e ineficiente gobierno de Iván Duque, Colombia firmo el acuerdo de Escazú. Es el Acuerdo Regional sobre el acceso a la Información y justicia y participación pública en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Este acuerdo fomenta la participación ciudadana en cada proceso que influya en el medio ambiente, el derecho a la administración de justicia en asuntos ambientales. Fomenta la cooperación de las naciones para proteger el derecho de todas las personas de América Latina y el Caribe a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible para la generación actual y las futuras.

El acuerdo de Escazú tiene carácter vinculante y proviene de las Naciones Unidas. El corrupto y vago congreso no lo ha ratificado mediante un proyecto de Ley. Será porque responden a los intereses de los grandes mineros que dañan el medio ambiente. Con este tratado se podría brindar mas garantías a los ecosistemas vulnerados por la minería. También seria una lucha ante los tribunales de los grandes concesionarios que manejan el negocio de la minería. 


Consulta previa ciudadana en la actividad minera

La consulta previa se entiende como aquel derecho que le asisten a las comunidades indígenas o tribales del mundo. Este derecho fue reconocido por las Naciones Unidas a través del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Éste dice que la consulta previa se debe dar en la prospección o explotación de los recursos minerales, del subsuelo u otros existentes en las tierras de los grupos étnicos -Art. 15°.2-. Y ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991. Todo esto con el objetivo de proteger a las personas, culturas y medio ambiente. También se quiere exaltar y proteger su forma de gobierno e instituciones, su religión y costumbres sociales. Este tipo de consulta es de indole obligatoria por mandato constitucional y de ley.

En referencia a la consulta previa, la Corte Constitucional en la sentencia SU-123-18 dice: “El derecho fundamental a la consulta previa se funda en la defensa de los pueblos indígenas y tribales y en la eliminación de las exclusiones históricas que han padecido. Establece un modelo de gobernanza en el que la participación es un presupuesto indispensable para garantizar los demás derechos e intereses de las comunidades. Como ocurre con la integridad cultural, la libre determinación, el territorio y el uso de los recursos naturales, etc. Por esto tiene un carácter irrenunciable e implica obligaciones tanto al Estado como a los particulares.

Este derecho implica que las comunidades indígenas y tribales deben ser consultadas sobre cualquier decisión que las afecte directamente. De esta manera pueden manifestar su opinión sobre la forma y las razones en las que se cimienta o en las que se fundó una determinada medida, pues ésta incide o incidirá claramente en sus vidas.”

La jurisprudencia constitucional también se ha manifestado sobre el concepto de la afectación directa que se relaciona con las consultas previas. Lo define como: “aquel impacto negativo o positivo que se pueda dar como producto de una disposición relativo a condiciones sociales, económicas, ambientales o culturales que constituyen la base de la cohesión social de una determinada comunidad étnica. Procede entonces la consulta previa cuando existe evidencia razonable de que una medida es susceptible de afectar directamente a un pueblo indígena o a una comunidad afro descendiente”.


Criterios de las consultas previas

En sentencia de tutela T-129 de 2011 la Corte Constitucional en cabeza del magistrado ponente el Dr. Jorge Iván Palacio Palacio, reseñó los criterios con los que se debe llevar a cabo la consulta previa para garantizar todos los derechos que en ésta se ven expuestos. Estos criterios son los siguientes: 

  1. El objetivo de la consulta es alcanzar el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas sobre proyectos o decisiones que afecten a su territorio.
  2. La consulta debe estar apoyada en el principio de buena fe que deben tener las partes. De esta manera se efectuará de manera correcta.
  3. Se debe garantizar la participación activa y efectiva de la comunidad. 
  4. La consulta forma parte de un proceso de diálogo entre iguales. No constituye por lo tanto, un derecho de veto de las comunidades destinatarias del Convenio 169 de la OIT.
  5. La consulta debe ser flexible. Debe adaptarse a las necesidades de cada asunto y a la diversidad de los pueblos indígenas.

Se cree que las consultas como mecanismos de participación ciudadana y medida de protección al medio ambiente, son un obstáculo para el crecimiento económico. La actividad minera se encuentra bajo cautela por así decirlo debido a las consultas que pueden implementar las autoridades locales y departamentales. Todo esto referente al uso del suelo por los que pretenden ser consorcios, deben de tener cuidado con sus inversiones. Y los que ya son consorcios porque en cualquier momento pueden suspender y finalizar los proyectos mineros si pueden deteriorar y afectar el suelo. Esto también impediría las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.

Según VQ Ingeniera el sector minero aporta al país 5 billones de pesos cada año en regalías e impuestos. Esto representa un 2% del PIB del país y el 27% de las exportaciones. En cuanto a la fuerza laboral, la minería en Colombia genera 1.250.000 empleos, de los cuales 350 mil son directos y 900 mil indirectos. También se registra un alto número de trabajadores ilegales. En este aspecto viene trabajando el gobierno nacional. Se ha fijado una primera meta de legalizar alrededor de 22.000 mineros en el año 2022.

En los últimos 20 años el 20% de la inversión extranjera directa proviene de la minería. Por cada peso que genera la minería en Colombia, se generan 2,4 pesos en otros sectores. 48,16 billones de pesos ha desembolsado el Sistema General de Regalías en los últimos 8 años. Las regalías son la contraprestación que deben pagar las empresas que explotan recursos naturales no renovables. Se han financiado 18.076 proyectos con el dinero recaudado de las regalías.

Las consultas populares beneficiarían a la minería ilegal. Esto es debido a que si hay mas obstáculo para la minería legal, éstos tendrían un mayor campo para ejercer sus actividades ilegales. Por un mayor impacto en el ambiente, la deforestación, contaminación de fuentes hídricas, entre muchos mas efectos negativos en los ecosistemas. Con esto también se afectaría a la economía, desde el momento en que el Estado no reciba las rentas y regalías a causa de la minería ilegal, que podría estar percibiendo de los consorcios con títulos mineros. 

Fuera de la teoría jurídica y constitucional, pienso que la minería no debe ser abolida. Creo que es una fuente importante de recursos económicos para el país. Y esto podría contribuir en mayor o menor medida al crecimiento de la economía y lo necesaria que es para la vida cotidiana. Algún producto que hayamos usado tiene un componente que es extraído por la minería y que es necesario para nuestras tareas diarias. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, es una actividad que hace daño a ecosistemas y personas. Ya que la actividad minera en la mayoría de veces, no se lleva a cabo bajo los parámetros del desarrollo sostenible.

Entonces me crea la duda si se puede erradicar la minería ilegal que es peor para el ecosistema y la economía. Y reducir la actividad minera legal con el objetivo de crear una relatividad con la contaminación y afectación a los ecosistemas. Tal vez sea algo imposible, pero ya sabemos que toda actividad minera tendrá efectos a su alrededor, llegando a la conclusión que es un mal necesario e inevitable.

Por otra parte como propuesta de ¿Cómo dejarían de ser las consultas un obstáculo para el desarrollo del país?  Solamente podríamos dejar en manos del gobierno nacional o departamental la disposición del uso del suelo, anulando así las consultas populares. Y se tomen como actos administrativos emanados de la autoridad nacional de la mano del ministerio de minas o de la autoridad departamental. Obviamente que sean decisiones tomadas con estudios ambientales y económicos pertinentes y no decisiones de índole política que fomenten la corrupción. Aunque lo planteado pueda estar en contra de la democracia participativa.

No seria inconstitucional lo argumentado porque el gobierno nacional tendría la disposición por mandato constitucional por ser dueño del suelo y subsuelo según nuestra Carta Magna. Según el artículo 332: «El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes.” Las consultas previas habría que mantenerlas ya que se deben respetar los tratados internacionales que respaldan dichas consultas. Además nuestra Constitución le da autonomía a los pueblos indígenas y a sus formas de gobierno, por lo que si se planea realizar la actividad minera, la consulta previa debe primar. 


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